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Castigar el aborto: sí, pero no

El saliente Fiscal General Luis Eduardo Montealegre emitió una instrucción a los fiscales del país para que ignoren las denuncias de aborto hechas por los médicos, puesto que violan la confidencialidad de sus pacientes y por tanto no son evidencia admisible en un juicio.

Este es el mismo Fiscal General que promueve un proyecto de ley para la despenalización completa del aborto en Colombia, pero, a juzgar por el patrón de cobardía que ha venido exhibiendo nuestro Congreso en temas que a estas alturas no deberían sonar espinosos, es muy poco probable que el proyecto de ley prospere. Eso explica la solución a medias que se les acaba de dar a los fiscales: los abortos siguen siendo ilegales, pero no vamos a investigarlos todos.

En derecho judío existe una categoría civil que se llama mamzer, que se refiere a los hijos nacidos del adulterio. Pero con el tiempo los juristas judíos han introducido reglas adicionales basadas en el beneficio de la duda, que hacen imposible demostrar con total certeza que alguien es un mamzer. El resultado es que la categoría sigue existiendo, pero en la práctica no se le aplica a nadie.

En un país normal no tendríamos necesidad de añadir epiciclos a las leyes que nos hacen daño; simplemente nos desharíamos de ellas. En un país normal sería obvio que a la sociedad le favorece más liberar el acceso a los servicios de aborto que gastar muchos más recursos en atender una población infantil abandonada. Pero la creciente presencia de las iglesias protestantes en el Congreso impide solucionar las cosas por la ruta obvia.

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